El bajo rendimiento, el acoso laboral o las deudas salariales son algunas de las causas de conflicto laboral más comunes. En concreto, la interrupción en el pago del sueldo estipulado ha aumentado en la mayoría de sectores e industrias a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19. En estos casos, los afectados están legitimados a interponer una reclamacion de cantidades Vigo o en el municipio en que se produzca el impago.
En esta demanda judicial, se exige a la empresa no sólo las cantidades económicas pendientes de pago, sino también un interés de mora del diez por ciento, tal como recoge la legislación vigente. Durante este proceso, el empleado disfruta de protección legal, por lo que su reclamación no puede ser juzgada como hostil por la empresa y motivar su despido.
Un rendimiento deficiente por parte del empleado es otro detonante habitual de conflictos entre trabajador y empresa. Para formalizar un despido por bajo rendimiento laboral, así contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, la compañía debe justificar que la persona en cuestión muestra una productividad por debajo de lo establecido en el contrato y que su comportamiento afecta negativamente al resto del grupo.
En los últimos años, la discriminación laboral ha cobrado protagonismo en las demandas laborales. Este delito se produce cuando un empleado recibe un trato y unos derechos inferiores a los del resto del equipo de trabajo, debido a su sexo, raza o pertenencia a una religión, sean cuales fueren. Con todo, España es un país con una baja tasa de discriminación laboral, a diferencia de Noruega y Reino Unido.
Por otra parte, la conflictividad puede originarse en el seno de la plantilla. Las actitudes tóxicas y vejatorias pueden derivar en mobbing o acoso laboral, delito recogido en el Código Penal que puede denunciarse por la vía legal. Generalmente, los daños y perjuicios sufridos por la víctima son tenidos en cuenta en la reclamación.